Lamentablemente la pandemia por el Covid-19 no solo está afectando la salud de las personas en el mundo, sino también la economía. Estamos atravesando una situación sin precedentes, lo cual ya está generando grandes pérdidas para las empresas en el planeta. Desde ya, los países con menor desarrollo y fortaleza económica son los más vulnerables, el informe «América Latina y el Caribe ante la pandemia del Covid-19-Efectos económicos y sociales» emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el pasado 3 de abril, estima que la caída del PIB para la región podría llegar inclusive hasta el -3% o – 4%.
En nuestro país, se dispusieron una serie de medidas con respecto de los créditos bancarios, obligaciones tributarias y aduaneras, así respecto de los pagos a la seguridad social y otros, que de alguna manera pueden mitigar en algo el efecto de la cuarentena en las empresas. Sin embargo, para salvarlas de la muerte, no serán suficientes estas medidas puesto que debe construirse toda una estructura normativa e institucional para atender los efectos de la pandemia luego de la cuarentena.
Es decir será necesario un ‘hospital’ de empresas que atienda a cada una sobre la base de un diagnóstico que contemple el sector al que pertenece, sus fortalezas y debilidades y el tratamiento que corresponda para reactivarlas.
Ese tratamiento (reestructuración de la empresa) deberá comprender un reordenamiento de sus pasivos a fin de procurar su pronta reactivación económica y financiera para cuyo propósito las condiciones del pago de las deudas con el Estado no deberán ser el motivo para impedir esa reactivación.
Así también deberá comprender la posibilidad de la utilización de todos los instrumentos y operaciones financieras de nuestro sistema financiero debiendo incorporarse fondos de reestructuración, fondos de capital de riesgo y cualquier otro mecanismo, incluyendo nuevos tipos de valores, debiendo también contemplarse procesos de fusión y escisión en el marco de procedimientos expeditos, todo ello dentro de un marco de protección al patrimonio del deudor, sin dejar de lado los intereses de los acreedores.
También será necesario considerar una reestructuración profunda en el régimen legal que regula la actividad empresarial, a fin de quitarle la excesiva carga de obligaciones y trámites que enfrenta versus mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo para el bien de nuestra economía.