Segunda semana de la cuarentena general en Bolivia.

El caos reina en el aparato productivo nacional: ya van cinco meses de ventas irregulares, desde las elecciones anuladas. Mientras colapsa estrepitosamente la demanda y la oferta, la presión para cumplir con los proveedores, los empleados y acreedores no bancarios no cesa, poniendo en serios riesgos de liquidez y solvencia a las empresas. La incertidumbre en cuanto al factor epidemiológico y a la política económica y fiscal hace que las empresas acaparen efectivo, dejando una sequía de liquidez en la economía real. Las deudas cuantiosas del Estado con las empresas no dejan de incrementar, poniendo en evidencia la falta de liquidez de la Hacienda estatal.

Estamos ante el colapso del aparato productivo nacional formal, en especial las medianas y grandes empresas que generan el grueso del empleo calificado en nuestro país y cubren la mayor parte de la recaudación fiscal.

Es de imperiosa necesidad adoptar medidas más profundas que podrían ser difíciles a nivel político, ya que lo contrario implicaría resignarse a un futuro de gran decadencia económica y social. Las medidas tomadas hasta la fecha son insuficientes, y priorizan a la población en general, ignorando en su mayoría al sector empresarial. Un plan de rescate para la economía boliviana deberá tener, tanto medidas de emergencia para evitar colapsos y procesos de insolvencia, como medidas para alentar la recuperación y la prosperidad de la economía boliviana.

En cuanto a las medidas económicas urgentes, el Estado debe encontrar una solución en la cual el pago de salarios no implique ahogar a las empresas. Mínimamente, se debe postergar inmediatamente los pagos de IVA e IT, pagos a AFP y a cajas de salud, y hacer recortes en los pagos del IUE. El Estado deberá hacer todo el esfuerzo posible para pagar a sus proveedores, asegurando que en sus instituciones dependientes los pagos puedan realizarse normalmente, y agilizar sus trámites de pago.

Adicionalmente, serán necesarias medidas estructurales a mediano plazo, que viabilicen que las empresas puedan limpiar su balance y optimizar sus costos. La legislación sobre insolvencia necesita disposiciones que permitan que las empresas se reestructuren ordenadamente, protegiéndose durante un proceso y pudiendo incorporar acreedores preferidos.

Los bancos y tenedores de títulos de valores tendrán que sincerarse en cuanto a las pérdidas de cartera y ser recompensados con fondos estatales por hacerlo, permitiendo que tanto acreedores como deudores pasen página a situaciones que comprometerían su futuro. La normativa de la ASFI necesita modificaciones urgentes para apoyar dichas reestructuraciones.

El Estado necesitará recursos para implementar las medidas económicas necesarias. La situación de iliquidez de la hacienda nacional era ya cosa conocida antes de la presente crisis. Para atenuarla, el Estado se planteaba una emisión de bonos internacionales por  1.500 millones de dólares, sólo para cubrir los gastos corrientes e inversiones presupuestadas antes de la coyuntura actual. Otra suma igual de grande o mayor será necesaria para fondear un plan de rescate serio, tomando en cuenta parámetros internacionales.

A Bolivia no le queda otra alternativa que buscar un rescate por parte de entidades multilaterales, como el FMI para cubrir sus necesidades de financiamiento. Para ello, tendrá que presentar un programa económico creíble, con importantes reducciones del considerable gasto público heredado del anterior gobierno. El Ejecutivo deberá manifestar su intención en este sentido a la brevedad posible, ya que habrá cola.

Las necesidades son infinitas, el tiempo es corto. Urgen medidas de apoyo directo a las empresas, que garanticen que éstas no sólo puedan superar la presente crisis, sino también recuperarse cuando ésta finalice y puedan invertir en eficiencia e innovación. Urge también que el gobierno reduzca la incertidumbre, comunicando que está trabajando en soluciones como las aquí planteadas.

Andrés Franck y Andrés Capriles son analistas financieros y económicos.